Santo Tomé Siglo XXI / El cobro de impuestos a los casinos on line quedó en un nebulosa / El gobierno provincial planteó que el juego on line es una modalidad complementaria a la de los casinos físicos

Gubernamentales de Santa Fe


20/01/2021

El cobro de impuestos a los casinos on line quedó en un nebulosa

El gobierno provincial planteó que el juego on line es una modalidad complementaria a la de los casinos físicos

Los tres casinos de la provincia fueron autorizados a usar plataformas digitales, pero en medio de la discusión sobre la legalidad de esa medida no hay legislación específica sobre cuánto deben tributar por la actividad y las opiniones se dividen.

 

Por David Narciso/ AIRE DE SANTA FE

 

El 21 de septiembre pasado Santa Fe habilitó el juego on line, decisión que abrió una controversia política con derivaciones judiciales porque el gobierno de Omar Perotti optó por un decreto en lugar de pasar por la Legislatura y hacerlo por ley. Un segundo round se dio en diciembre pasado durante el tratamiento de la ley tributaria, en la que el Ejecutivo incluyó un artículo que abría la puerta para gravar el juego on line y otras economías digitales, y que la oposición no dejó pasar por entender que no podía definir tributos sobre una actividad que considera ilegal. Las diferencias hicieron que el tema quedara en terreno ambiguo: de las tres plataformas de juego on line autorizadas por decreto, al menos una ya está operando pero no está claro si tributa y cuánto debe tributar.

 

El decreto 998 de septiembre pasado autorizó a los casinos de Melincué, Rosario y Santa Fe a abrir plataformas digitales para explotar juegos de azar en su zona de influencia dentro de los límites de la provincia. La excusa fue que por la pandemia los casinos permanecían cerrados, pero la autorización que se les dio es por 15 años. CABA o Buenos Aires, que autorizaron juego on line en los últimos años, lo hicieron por ley y posterior licitación.

 

El Casino de Rosario, junto con el de Santa Fe y Melincué, son los principales contribuyentes de las respectivas municipalidades por concepto de Tasa de Derecho de Registro e Inspección.

 

El gobierno provincial se justificó en que el juego on line es una modalidad complementaria a la de los casinos físicos, solo que no presencial, y por lo tanto no es una nueva actividad.

 

La oposición entiende lo contrario, que se autorizó por decreto una actividad que no está permitida en Santa Fe por no estar contemplada en la ley que autorizó los casinos con fines turísticos a mediados de la década del 2000. El Tribunal de Cuentas coincidió con esta última interpretación y emitió Observaciones Legales contundentes en ese sentido, lo que animó al bloque de diputados radicales a realizar una denuncia penal.

 

Mientras la Justicia estudia si tiene razón el gobierno o la oposición, los casinos de Melincué, Rosario y Santa Fe ya están habilitados para facturar.

 

Si el gobierno es coherente con la idea de que las tres plataformas son una complementación no presencial de la actividad de los casinos físicos, deberían pagar la misma alícuota de IIBB vigentes para los rubros “Explotación de casinos, salas de juego y similares” (6,5%) o para “Explotación de bingos y máquinas de azar automáticas” (10,5%). Es la idea que hoy prima en el Ministerio de Economía, aunque todo está en pañales: la ley tributaria fue aprobada el 30 de diciembre y volvió al Ejecutivo el 4 de enero. A pesar de las modificaciones no habrá veto parcial para no generar inconvenientes con la implementación de otros aspectos de la ley, entre ellos la emisión de boletas de Patente e Inmobiliario.

 

Pablo Olivares, ex secretario de Finanzas e Ingresos Públicos del Frente Progresista, recordó ante Aire Digital que las normas son muy claras en el sentido de que toda actividad que no tiene una alícuota diferencial de IIBB debe pagar la alícuota general. En Santa Fe va del 4,5 al 5% según los montos de facturación.

 

A diferencia del gobierno, Olivares interpreta que el juego on line es una actividad diferente y no complementaria, que no debió autorizarse por decreto, y que al no haberse determinado una alícuota diferencial, las tres plataformas están obligadas a tributar la alícuota general. Esto hasta tanto se destrabe el conflicto en torno a la legalidad del decreto y eventualmente se especifique otro nivel de tributación.

 

La paradoja aquí es que los casinos terminarían pagando menos por el juego on line de lo que pagan por las maquinitas, paños y demás juegos que operan en sus sedes físicas.

 

La diferencia no es menor. Como para tener dimensión del negocio que está en discusión, cabe recordar que el Casino de Rosario está en el lote de los principales 50 contribuyentes de la provincia y que desde su apertura, junto con el de Santa Fe y Melincué, son los principales contribuyentes de las respectivas municipalidades por concepto de Tasa de Derecho de Registro e Inspección (salvo 2020 que estuvieron cerrados gran parte del año).

 

Ahora el gobierno tiene la alternativa de enviar un proyecto de ley específico sobre juego on line, aunque al no haberse destrabado la controversia núcleo sobre la naturaleza de la actividad, su trámite legislativo corre riesgo de empantanarse como ocurrió a fines de diciembre. La oposición insistirá en que fijar alícuotas específicas puede interpretarse como un precedente de legalización de lo que denunció por ilegal.

 

Los casinos terminarían pagando menos por el juego on line de lo que pagan por las maquinitas, paños y demás juegos que operan en sus sedes físicas.

 

El tratamiento del juego on line en particular y las economías digitales en general (desde Mercado Libre hasta servicios como Netflix o Spotify, los tan difundidos sitios de póker o suscripciones a portales porno, entre muchos otros) representan un desafío para las administraciones tributarias por las dificultades para encuadrar y cobrar impuestos.

 

En el caso de los tres casinos de Santa Fe, salvo por la controversia sobre la legalidad de la actividad, está claro que se trata de empresas con territorialidad, que comercializan aquí y deben tributar IIBB.

 

La cosa se enreda con las empresas que operan a nivel nacional en dos o más jurisdicciones –tributan por Convenio Multilateral–, y más aún con las radicadas en el exterior que comercializan productos o servicios.

 

En 2018 el gobierno nacional reguló el caso de los prestadores de servicios digitales desde el exterior al disponer que los agentes de cobro están obligados a retener el IVA.

 

Provincias como Córdoba aprovecharon esa puerta para gravar esos mismos servicios con el impuesto a los Ingresos Brutos. “En la práctica el impuesto no lo pagan las empresas, sino el consumidor. Una cosa es que el consumidor pague el IVA y otro aplicarle IIBB, que es un impuesto completamente diferente”, recordó Olivares.

 

El Ministerio de Economía a cargo de Walter Agosto estudia la forma de entrarle al asunto. La idea inicial fue seguir los pasos de Córdoba, pero un sincericidio allá por noviembre del administrador de la API, en el sentido de que el impuesto iba a salir del bolsillo de los consumidores, más el rechazo de la oposición (que cuando era gobierno no quiso aplicarlo) hizo que el artículo 8 de la ley tributaria 2021 que mandó el gobierno no pasara el filtro de la Legislatura.

 

En la práctica ese artículo era una primera herramienta para que la Administración Provincial de Impuestos (API) encontrara la forma de cobrarle IIBB a las economías digitales, entre otros alcances. Como están dadas las cosas, deberá encontrar nuevos caminos si quiere recaudar en ese nicho.